La Sala Penal declaró inadmisible la casación de la Fiscalía y confirmó el sobreseimiento definitivo del senador colorado Javier Zacarías Irún en un caso por lesión de confianza. Asimismo, la desvinculación provisional para ocho procesados. Además, queda firme la extinción de la acción de una porción de hechos comprendidos entre 2014 y 2015
Los ministros Antonio Fretes, Cesar Garay y Cesar Diesel refieren en su resolución, que los casacionistas buscan un nuevo pronunciamiento sobre los temas ya estudiados por la alzada, distorsionando el sentido del recurso, pretendiendo lograr una tercera instancia para el tratamiento de los puntos cuestionados en el planteamiento de ambas vías recursivas, alegando como motivo su fundamentación insuficiente. Indican que el Tribunal de Apelaciones realizó un “estudio razonado, detallado y lógico, refutando legalmente y doctrinariamente las pretensiones de los recurrentes”.
La casación la plantearon los fiscales Diego Arzamendia, Natalia Fuster y Francisco Cabrera
También se declaró inadmisibles los recursos planteados por los defensores de los coacusados David Espínola Osorio, Juan Sanabria Notario, Carlos Bordón Bottino y los hermanos Dora, Gustavo, Lucía y Olga Rojas Espínola. Los citados pretendían la nulidad absoluta de la acusación para desvincularse completamente del caso.
Por otro lado, la Fiscalía todavía puede presentar requerimiento conclusivo respecto a los beneficiados con el sobreseimiento provisional.
En menos de un año, el máximo tribunal declaró inadmisibles dos recursos de la Fiscalía, el primero fue el julio pasado.
En la causa se investiga el presunto desvío de fondos de la Municipalidad de Ciudad del Este, a través de la firma Frontera Producciones, por el desvío de G. 3.700 millones, para financiar una campaña política de la familia Zacarías Irún.
Según la acusación fiscal, el senador Javier Zacarías y su esposa estaban implicados en un esquema de desvío fondos del presupuesto de publicidad de la Municipalidad para destinar a campaña electoral, pagos a periodistas afines, entre otros gastos no contemplados en los contratos, en el período 2014-2018.
La administración del clan Zacarías en la Municipalidad había conseguido un resorte judicial para eludir el control de la Contraloría General de la República y rendir cuentas sólo ante el Tribunal de Cuentas, un organismo sin capacidad técnica para el examen de la gestión pública.
