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Se declara extinta la causa a condenado por venta de créditos fiscales irregulares

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El Tribunal de Sentencia integrado por Celia Salinas, Victor Alfieri y Olga Ruiz, declaró extinguida la pena de Gabriel Fabio Gaona Aquino, quien había sido condenado a cinco años de prisión por estafa mediante sistemas informáticos. La decisión se basó en que la condena ya fue cumplida en su totalidad, por lo que se ordenó su inmediata libertad y el levantamiento de todas las medidas cautelares que pesaban sobre él.

El Abg. Julio C. Rodríguez, defensa de Gabriel Gaona, señaló que: “el Tribunal de Sentencia, dictó la S.D. N» 378 de fecha 18 de octubre de 2019 por el que se ha condenado a la pena privativa de libertad de 5 años al procesado Gabriel Fabio Gaona Aquino. Que en la misma resolución se ha dispuesto mantener las medidas cautelares del procesado, medida cautelar de arresto domiciliario con permiso para trabajar”, esto se había dado en 2018.

Gaona Aquino había sido sentenciado en 2019 por el Tribunal de Sentencia, condena que fue confirmada en apelación y cuyo recurso de casación fue rechazado. Durante el proceso, permaneció bajo arresto domiciliario con permiso para trabajar.

La defensa expresó que: “teniendo en cuenta que el procesado cuenta con arresto domiciliario, medida cautelar vigente y dictada por A.l. 90 de fecha 25 de enero de 2018 y con el permiso especial para trabajar por A.l. N’ 221 de fecha 22 de febrero de 2018, y la Sentencia Definitiva que decretó la condena de 5 años de pena privativa de libertad ha quedado firme, por lo que a la fecha se encuentra efectivamente compurgada la pena por el hecho punible de estafa mediante sistemas informáticos.

Según el Tribunal: “conforme a las constancias de autos, se halla compurgada la pena de 5 años que le fuera impuesta al procesado Gabriel Fabio Gaona Aquino, en consecuencia corresponde disponer la extinción de pena, la inmediata libertad del mismo y el levantamiento de todas las medidas cautelares que pesan sobre el mismo, debiendo librarse los oficios pertinentes”.

El caso involucró a siete funcionarios del Ministerio de Hacienda, acusados de formar una asociación para delinquir mediante la creación y venta de créditos fiscales irregulares, generando un perjuicio estimado en G. 30.000 millones, con un potencial daño de más de G. 51.000 millones.

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