La impunidad y la selectividad en la persecución penal por parte del Ministerio Público es preocupante y pone en riesgo el estado de derecho en Paraguay, dice la Cámara de Senadores en la acusación presentada ante el Jurado de Enjuiciamiento contra seis fiscales.
Refiere que el avance del crimen organizado transnacional, entre ellos el tráfico internacional de drogas, el contrabando de cigarrillos, el lavado de dinero, entre otros hechos punibles graves que ponen en riesgo la estabilidad de la región, llegando incluso a vincularse con el financiamiento al terrorismo, ha mostrado niveles nunca antes visto en la República del Paraguay. Si bien se reconoce la complejidad de los mismos y la multicausalidad de su crecimiento, existe clara evidencia de la relación de impunidad e incluso, encubrimiento, con instituciones inoficionadas y cooptadas, entre ellas, el Ministerio Público.
El avance lento y en otros casos, la negativa de investigar por parte de la Fiscalía a determinados actores vinculados a redes criminales identificadas por instancias que reúnen a órganos especializados de países de la región, ha facilitado que algunos de ellos sigan operando en los ámbitos políticos y financieros.
Causas emblemáticas como el caso Messer y otras no han sido objeto de debida diligencia por parte de los agentes fiscales a cargo de las mismas. Estas circunstancias nos han llevado a estar en el centro de atención en el ámbito internacional, señalándose la impunidad y la selectividad en la persecución penal como aspecto de gran preocupación en el funcionamiento de la República del Paraguay, poniendo en riesgo el estado de derecho.
Ante dicha realidad, las respuestas del Ministerio Público y en particular de los fiscales que integran las dos unidades responsables de este estado de cosas, no ha sido una mayor diligencia en las investigaciones. Por el contrario, han hecho gala de sometimiento y no han siquiera citado al principal actor vinculado a las causas que serán descritas en la acusación: Horacio Manuel Cartes Jara, ni a ninguna persona física, ni jurídica que esté vinculada al mismo, a pesar de la gravedad de las causas y del bochorno al que someten al Estado paraguayo ante la comunidad internacional.
Considerando estos antecedentes, dice el Senado, corresponde acusar a los fiscales Osmar Legal, Federico Delfino, Francisco Cabrera, Lorenzo Lezcano, Alicia Sapriza y Liliana Alcaraz.
