17/06/2024

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“Senado quiere forzar el sentido de las investigaciones del Ministerio Público”

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La fiscala Liliana Alcaraz, acusada por el Senado ante el Jurado de Enjuiciamiento, dijo que la Cámara Alta atenta contra el equilibrio de los poderes del Estado y la independencia del Poder Judicial establecidos en la Constitución. Resaltó que los senadores quieren “forzar el sentido de las investigaciones” del Ministerio Público de acuerdo a intereses políticos. “Es un amedrentamiento y a través de ello quieren marcar la hoja de ruta según sus intereses”, resaltó. Con relación a la Comisión Bicameral conformada para investigar el caso Darío Messer, aseguró que se extralimitó en sus funciones y se atribuyó facultades de la Fiscalía. Enfatizó que el documento que la CBI envió al MP “se basa en juicios de valor y especulaciones” que no sirven en un proceso penal. Señaló que el veto del Ejecutivo a la ampliación del presupuesto “pretende ahogar” a la institución. 

 

La Constitución Nacional, específicamente el artículo 248, garantiza la independencia de los órganos judiciales y la acusación de la Cámara de Senadores ante el Jurado de Enjuiciamiento contra los fiscales, implica una directa injerencia en las funciones del Ministerio Público para forzar el sentido de las investigaciones, algunas de las cuales están abiertas, manifestó Alcaraz.

Enfatizó que a través de este amedrentamiento, los senadores quieren marcar la hoja de ruta a la Fiscalía en el sentido de sus intereses. “Es insólita una acusación de esta naturaleza ante el Jurado de Enjuiciamiento. Sin lugar a dudas es un atentado contra la independencia del sistema de justicia y el equilibrio de los poderes del Estado”, añadió la agente del Ministerio Público.

“Haciendo un análisis de los supuestos hechos mencionados en el escrito de acusación, hace referencia al caso Messer; y sirve de base de la acusación un informe presentado por una Comisión Bicameral de Investigación creada en el año 2018. Este informe, no ha aportado nada, absolutamente nada distinto de lo que el Ministerio Público ya tuvo colectado desde el 2018. (Vale recordar que la investigación se abrió de oficio). El informe fue objeto de análisis técnico jurídico en su momento y no aportó elementos nuevos. Además, no se puede soslayar que el documento está plagado de juicios de valor, que todos sabemos no aportan nada en un proceso penal”, puntualizó la doctora Alcaraz.

Recordó que el artículo 195 de la Constitución regula la conformación de las comisiones de investigación por el Congreso. Añadió que es importante recordar que dicho artículo dice: “La actividad de las comisiones investigadoras no afectará las atribuciones las atribuciones privativas del Poder Judicial ni lesionará los derechos y garantías consagrados en la Constitución”. 

Enfatizó que la Constitución también expresa claramente que: “En ningún caso los miembros de otros poderes, ni otros funcionarios podrán arrogarse atribuciones judiciales que no están expresamente establecido en la Constitución, ni revertir procesos fenecidos, ni paralizar los existentes, ni intervenir de cualquier modo en los juicios”».

“Como se podrá notar, es sumamente delicado establecer como materia para la conformación de una comisión investigadora, la indagación de hechos punibles que le son atribuidos a una persona, cuando esa facultad la tiene concretamente el Ministerio Público como parte del Poder Judicial. Dicho en otros términos, esta comisión se ha extralimitado en sus funciones constitucionales al otorgarse facultades que le están vedadas por la Constitución”, manifestó la fiscal delegada de la Unidad Anticorrupción.

Alcaraz resaltó que “para abrir una investigación el Ministerio Público no se puede basar en juicios de valor, ni especulaciones, porque rige el principio de legalidad. Sólo podemos hacerlo con base en indicios de comisión de hechos punibles. Es decir, hechos concretos y todos sabemos que los juicios de valor y las especulaciones no son hechos”.

El Senado aprobó una acusación contra Alcaraz y sus colegas, Osmar Legal, Lorenzo Lezcano, Alicia Sapriza, Francisco Cabrera y Federico Delfino ante el Jurado de Enjuiciamiento por presunto mal desempeño en sus funciones en varios procesos.

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