El juez especializado, José Agustín Delmas resolvió dar trámite de oposición al pedido de sobreseimiento definitivo del fiscal Martín Morínigo, para el exintendente de Concepción, Alejandro Urbieta y otros procesados por lesión de confianza.
Durante la etapa de sobreseimiento provisional, el fiscal realizó diligencias con las cuales pretendía arrojar más luz sobre la participación de los imputados en el hecho, como una pericia arquitectónica sobre el estado real de las obras al momento de las actas de recepción, una pericia contable para determinar la existencia o no de un daño patrimonial, informes de la SET datos sobre los impuestos a los que se encuentren sujetos las empresas bajo la mira, CONSERPAR y ARDISA CONSTRUCCIONES, como también informes a bancos, entre otros.
Tras esto, el fiscal Morínigo, en octubre de este año solicitó la reapertura de la causa para presentar su requerimiento conclusivo de sobreseimiento definitivo.
Durante la preliminar, el agente fiscal aclaró que tomó intervención en la causa luego del sobreseimiento provisional y sostuvo que si bien en un primer momento hubo indicios serios para formular imputación, luego al cierre de la etapa preparatoria fueron agregados elementos por la defensa de los imputados que los fiscales anteriores no habrían tenido en cuenta para formular su requerimiento conclusivo en momento, como el acta provisoria y acta de entrega definitiva referentes a las obras objeto de la investigación.
Agregó se constató que las documentaciones presentadas y verificadas por el Perito Nakayama indican que la obras realizadas fueron objeto de reparaciones, es decir se verificó que los problemas que presentaban las mismas fueron todas subsanadas de acuerdo a las especificaciones técnicas y se encontraban en un buen estado en general, por lo que al no contar con elementos que sustenten la causa, se ratificó en su pedido de sobreseimiento.
El juez concluyó que la investigación y las diligencias ameritan un control vertical por parte del Fiscal General del Estado, por lo que resolvió dar trámite de oposición, por el plazo de 10 días hábiles.
Se trata del caso abierto por la construcción de adoquinados, empedrados y desagüe pluvial en Concepción, con un valor de G 8.199.571.925, la cual fue encargada a la empresa Conserpar.
Según el contrato suscrito, dichas obras debían realizarse sobre la avenida Boquerón, desde la calle Quiroz hasta inmediaciones del Club Hípico de Concepción, una extensión de 11 cuadras, las cuales no habrían sido culminadas en el tiempo establecido.
De acuerdo a la presunción, hubo un daño patrimonial de G 1.596 millones a la Municipalidad de Concepción.
