El abogado Daniel Lobo solicitó a la jueza Rosarito Montanía el traslado de urgencia del pastor José Insfrán a un centro médico para internación a raíz de problemas respiratorios reportados anoche en su lugar de reclusión en sede de la Senad.
La defensa de José Alberto Insfrán Galeano, imputado en el marco del Operativo A Ultranza PY formuló un manifestación al Juzgado de Crimen Organizado a cargo de la jueza Rosarito Montanía, alegando que el día de ayer en horas de la noche, siendo las 22:48 horas, recibió una comunicación desde la SENAD, que le comunicaba del estado crítico de salud de su defendido.
Dicho estado crítico sería por un cuadro respiratorio, y expuso que dicho agente de la SENAD dijo que el médico de dicho establecimiento y la Médica Forense recomendaron la internación. “En consecuencia y a tenor de las manifestaciones vertidas solicitó la inmediata internación bajo segura custodia de José Alberto Insfrán Galeano en el INERAM”, refirió el escrito presentado por el abogado.
Agregó que conforme a la página web del Ministerio de Salud la misión del centro es: “Brindar atención médica a todos los ciudadanos y, en forma específica, atención en el área respiratoria, considerando todas las necesidades del individuo; atención en la que están implicados todos los funcionarios, imbuidos de un fuerte espíritu de solidaridad, donde prima los intereses comunitarios e institucionales por sobre los intereses individuales.”
Culminó expresando que la salud y la vida son Garantías Constitucionales que la jueza debe respetar a cabalidad y cumplir con su rol, asegurando las mismas a favor de José Alberto Insfrán Galeano, simplemente por ajustarse a derecho, y que no existe ningún peligro de fuga del mismo, y dicho traslado se puede realizar bajo la segura custodia de la Policía Nacional, con la adopción de “cuantas medidas sean necesarias”.
Antecedentes
José Alberto estuvo prófugo por casi dos años y esta mañana se entregó a la Unidad 1 del Ministerio Público. El mismo es pastor de la iglesia protestante Centro de Convenciones Avivamiento (CCA) de Curuguaty.
La acusación del caso A Ultranza PY expone que la empresa denominada «Mastian Productions», fue creada por Sebastián Marset por medio de José Alberto Insfran Galeano y Ovidio Javier Rojas Ferreira, en 11 de octubre de 2019, empresa mediante la cual Marset pretendía hacerse pasar por productor de espectáculos y así ocultar su verdadera actividad.
Esta firma fue creada el mismo día que Marset ingresó a nuestro país, desde Bolivia, mediante la identidad de Gabriel de Souza Beumer, con pasaporte boliviano, y cuyos datos de la mencionada empresa fueron utilizados por Marset, para realizar las publicaciones de su figura fantasiosa, por citar alguno, ante el medio informal de Ecuador, el 17 de noviembre de 2019, es decir, posterior a la creación de la referida firma comercial.
De esta manera, y con alta probabilidad, Sebastián Marset inició su relación con los demás procesados, entre ellos, y principalmente, con Alberto Koube Ayala, Miguel Ángel Insfrán Galeano y su núcleo de confianza, Reina Mercedes Duarte Aguilera, etc., desde el año 2018, fecha en la que el citado imputado oficialmente empezó a frecuentar a Paraguay.
El pastor también prestó su colaboración para depositar en la Cooperativa San Cristóbal, gracias a la intervención de Juan Carlos Osorio, la suma total de G 5.667.851.794, provenientes de la actividad del tráfico internacional de drogas realizada por su hermano Miguel Ángel Insfrán Galeano.
José Alberto también libró un cheque por la suma de G.100.000.000, con cargo Banco Itaú y con fecha de pago para el 10 de marzo de 2022, el cual fue utilizado por otro de los acusados, Magno Deleón, para solicitar descuento de cheque, bajo modalidad de préstamo, que fue aprobado por el Consejo de Administración de la referida cooperativa, el 23 de septiembre de 2021 y en febrero de 2022 se realizó una operación similar con otro cheque librado por el pastor, por la suma de G 100.000.000, dinero también producto del tráfico internacional de drogas.
También se le atribuye la administración de una estación de servicios con el emblema de la petrolera estatal, Petropar, ubicada en la ciudad de Emboscada, que fue adquirida por la empresa El Porvenir, perteneciente al clan Insfrán. Según los datos, para las instalaciones de ese servicentro se invirtió la suma de USD 225.000.
