Se suspendió el inicio del juicio oral y público de Wilfrido Quintana Parodi y Alberto Ramón Orella, por el caso de cohecho pasivo agravado por beneficiar a narcos. Se fijó el 31 de octubre como nueva fecha. Ambos acusados cambiaron de representación legal, lo que obligó a la suspensión de la diligencia.
La fiscal Irene Álvarez, explicó en conversación con El Observador, que el inicio del juicio a los exdirectores del penal de San Pedro y Ciudad del Este, Wilfrido Quintana y Alberto Ramón Orella se suspendió debido al cambio de representación legal de los acusados. “El Tribunal se constituyó hoy para la tramitación y sustanciación del juicio oral en cuánto al acusado Wilfrido Quintana Parodi y Alberto Ramón Orella en atención a que ambos cambiaron de abogados defensores, como es un derecho constitucional que le asiste a ellos el de nombrar un abogado de confianza que le asista ellos”, explicó.
“Uno solicitó por escrito ya con anterioridad la posposición del juicio para acceder a todas las copias y el otro se presentó hoy para asumir la representación de Orella”, agregó.
Asimismo la fiscal Álvarez señaló que también vieron prudente la suspensión debido a que “también todavía se encuentra pendiente la preliminar que correspondería a la acusación del juez Arévalo”.
El inicio del juicio oral y público se postergó para el 31 de octubre a modo de que el juez y los dos exdirectores puedan ser juzgados de manera conjunta.
Antecedentes
La Fiscalía imputó y pidió la prisión preventiva para el ex director de la Penitenciaría Regional de San Pedro, Wilfrido Quintana, por cohecho pasivo agravado. Su desvinculación se realizó tras la masacre en dicha cárcel y al darse a conocer irregularidades en su gestión.
Quintana era director del penal cuando reclusos del grupo criminal brasileño Primer Comando Capital (PCC) y del Clan Rotela se enfrentaron. El saldo fue de 10 muertos y 12 heridos, el 16 de junio de 2019.
La masacre derivó en una investigación sobre el manejo del penal y así la Fiscalía descubrió el funcionamiento irregular de la granja penitenciaria, que era utilizada por cuatro reclusos condenados por narcotráfico en la cárcel de San Pedro.
Así es como más adelante, según la acusación fiscal, se descubre que Néstor Arévalo ordenó el traslado a la granja vip del narcotraficante Víctor Brítez Aranda, alias Chapaló, quien desde 2014 cumple una condena de 26 años, aunque hace tres días recayó en él otra pena de tres años.
A su vez, Orella Notario gestionó el envío al mismo lugar del también narcotraficante Ángel Tranquilino Giménez, quien desde 2011 cumplía una pena de 21 años.
La granja se denominaba “Porvenir” y estaba destinada para el régimen de libertad semiabierta, pese a que no estaba habilitada por el Ministerio de Justicia. La investigación fiscal permitió constatar que la granja era una construcción clandestina que estaba detrás del penal, fuera del recinto penitenciario, y se comprobó que los internos condenados por narcotráfico fueron los que construyeron el lugar y lo amoblaron a su gusto.
Tranquilino Giménez fue trasladado del penal de Ciudad del Este a la penitenciaría sampedrana. Fue Alberto Orella, director de la cárcel de CDE, quien permitió que el integrante del grupo de Jarvis Chimenes Pavão sea trasladado de una penitenciaría a otra. Tras su arribo al penal de San Pedro, Giménez solicitó ser beneficiado con un régimen de semilibertad, que le fue otorgado por el juez Néstor Arévalo.
“Chapaló” y Tranquilino vivían en la granja en total libertad, usaban como secretarios a otros dos presos, tenían vehículos, salían de vacaciones solos o con sus familias e incluso los fines de semana visitaban los principales locales nocturnos del segundo departamento.
Todos los privilegios fueron descubiertos el 17 de junio de 2019, al día siguiente de la masacre del Primer Comando Capital (PCC) contra el clan Rótela que ocurrió en la población penal común.
En la granja se incautaron los teléfonos celulares de Tranquilino y Víctor Brítez Aranda, alias Chapaló, en los que se hallaron conversaciones con abogados, en las que se aluden a pagos de coimas a los funcionarios.
Tras el escándalo, ambos fueron devueltos a prisiones ordinarias. El primero fue trasladado de nuevo a la cárcel del Este, donde fue asesinado el 27 de agosto de 2020.
