El juicio al exjuez de Ejecución de San Pedro, Néstor Arévalo y los exdirectores penitenciarios Wilfrido Quintana y Alberto Orella, se desarrolló con declaraciones testificales, las cuales certifican que la granja vip fue construida sin autorización del Ministerio de Justicia .
Durante a audiencia oral desarrollada en el feriado, prestó declaración la abogada Marian Vázquez, Asesora Jurídica del Ministerio de Justicia Declaró la asesora jurídica Abogada Marian Vazquez, basándose en sus propios informes en los cuales se certifica que nunca hubo resolución ministerial alguna que habilite el funcionamiento de una granja penitenciaria para San Pedro.
Detalló de igual manera que el entonces director, el acusado Wilfrido Quintana en su informe de gestión en 2018, llamativamente no hizo mención alguna de que habían proyectos para los internos que estaban ya con medidas transitorias o en algún programa de reinserción
Así también explicó al Tribunal de Sentencia que Quintana Parodi remitió una nota pidiendo autorización para designar a la granja de San Pedro con la denominación “El Porvenir”
En la contestación y en calidad de asesora jurídica encargada de los dictámenes, ratificó la inexistencia de resolución ministerial para habilitación de una edificación de tal naturaleza.
Agregó que el Ministerio de Justicia ha requerido además un informe completo sobre los proyectos a programas a ser implementados, sin embargo no no adjuntó ni un papel
Seguidamente prestó declaración el hijo del condenado Víctor Brítez, quien se encontraba con su padre el día en que se constató la existencia de la grana irregular en la principal cárcel del segundo departamento.
Para el 9 de octubre está convocado a declaración testimonial el senador José “Paková” Ledesma.
Antecedentes
De las investigaciones pertinentes, se constató una series de irregularidades cometidas en lo referente al traslado de reclusos que contaban con condenas elevadas.
El entonces juez Néstor Arévalo ordenó el traslado a la granja VIP del narcotraficante Víctor Brítez Aranda, alias Chapaló, quien desde 2014 cumple una condena de 26 años, aunque hace tres días recayó en él otra pena de tres años.
La granja se denominaba “Porvenir” y estaba destinada para el régimen de libertad semiabierta, pese a que no estaba habilitada por el Ministerio de Justicia. La investigación fiscal permitió constatar que la granja era una construcción clandestina que estaba detrás del penal, fuera del recinto penitenciario, y se comprobó que los internos condenados por narcotráfico fueron los que construyeron el lugar y lo amoblaron a su gusto.
