Uno de los numerosos recibos incautados del departamento alquilado por la ujier, Ingrit Prette, del juzgado de paz del distrito de la Recoleta, a cargo del juez Víctor Nilo Rodríguez Acosta, revela que la funcionaria cobró, en diciembre de 2023, G. 325.700.000, por “notificaciones varias” (fraguadas), en juicios por cobro de guaraníes, iniciados y tramitados ante el mencionado juzgado. Prette alquilaba el departamento por G. 12 millones mensual y su garante era el magistrado. En dicho lugar tenía miles de expedientes que fueron retirados por funcionarios de la empresa CARSA, en cuya oficina se encontraron 10 mil expedientes. Los miembros de la mafia de los pagarés (jueces, actuarios, ujieres, oficiales de justicia y abogados) generan sumas millonarias a través de procesos fraudulentos.
Específicamente, el 23 de diciembre de 2023, la ujier Prette expidió un recibo por “notificaciones varias” en el expediente caratulado (no se puede leer) contra varios sobre cobro de guaraníes. El documento lleva la firma de la funcionaria, que actualmente es investigada por el Ministerio Público y que podría se imputada ante los fortalecidos indicios de un esquema criminal que funciona en los juzgados de paz de la Capital. Esto ya fue corroborado por la auditoría ordenado por la Corte en los juzgados de paz de la Encarnación, a cargo de la jueza Analía Cibils; Gustavo Villalba, Catedral, primer turno; Nathalia Garcete, Catedral, segundo turno y Liliana de Bristot, San Roque.
Los recibos incautados por la Fiscalía, muchos de los cuales son por montos millonarios, pero muchos menores de los G. 325.700.000, indican que, el negocio de los procesos fraudulentos, generan mucho dinero a los miembros de la organización criminal.
La investigación está cargo de los fiscales Belinda Bobadilla y Jorge Arce, de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público.

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