El Gobierno de Venezuela rechazó «categóricamente» este lunes el dictamen de un juez de Washington, D.C., ordenó a Venezuela pagar unos 8.700 millones de dólares a ConocoPhillips para compensar la confiscación de los bienes de la compañía en proyectos petroleros, que se ejecutó durante 2007.
El fallo del juez Carl Nichols es fruto de la expropiación, por orden del fallecido presidente Hugo Chávez en el año 2007, de activos petroleros de la compañía en el país caribeño, cuyo Gobierno fue llevado a los tribunales, que dictaminaron, ya en 2013, que la confiscación fue ilegal, rechazando las objeciones de Venezuela dos años después, con Nicolás Maduro en el poder.
A esta sentencia, se sumó, en 2019, el dictamen del Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial, que falló que Venezuela debía pagar 8.000 millones de dólares a ConocoPhillips para compensar una expropiación de activos petroleros en 2007.
Ahora fue un juez estadounidense quien emitió una orden que obliga al país caribeño a cumplir con el laudo arbitral de 2019, que continúa pendiente de pago.
En un comunicado publicado por el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, el Estado señala que esta decisión es «injusta» y ha sido «fraguada violándosele a Venezuela su derecho a la defensa, y en complicidad con extremistas venezolanos, entre los que se encuentran (los opositores) Juan Guaidó y José Ignacio Hernández, quienes, usurpando funciones públicas, actuaron en componenda para favorecer a ConocoPhillips en el caso».
Asimismo, han realizado un llamado a la comunidad internacional ante las «evidentes maniobras con las que se pretende justificar el expolio y el fraude contra una nación soberana», pues, con esta medida, EE.UU. «no solo viola el Derecho Internacional, (sino que) además pone en evidencia la ausencia de garantías y de justicia» para cualquier país.
Desde el gobierno de Venezuela, agregaron que el país «jamás renunciará a la defensa legítima de sus derechos» y «continuará activamente con las acciones legales contra los apátridas que participaron en este fraude, con el firme compromiso de preservar el patrimonio de la República, cuyo único propietario es el pueblo».
Fuente: EFE y Diario Primicia.
