El exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, Joaquín Roa, en un eventual juicio oral, puede ser condenado hasta 15 años de cárcel por la comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, lavado de activos, administración en provecho propio, asociación criminal y cohecho pasivo agravado. El fiscal Silvio Corbeta afirma que está probado que Roa recibió de coima una embarcación de US$ 450.000, a cambio de direccionar licitaciones de la SEN, por más de G. 16.000 millones, a favor de las empresas de Alberto Koube, quien podría ser sentenciado a siete años y medio de prisión. Esta causa es una derivación del sonado caso de “A Ultranza PY”.
LO QUE DICE EL CODIGO
El artículo 70 del Código Penal habla de la “Medición de la pena en caso de varias lesiones de la ley”. El artículo 1º dice que “cuando el mimo hecho punible transgrede varias disposiciones penales o la misma disposición penal varias veces o cuando varios hechos punibles del mismo autor sean objeto de un procedimiento, el autor será condenado a una sola pena que será fijada en base a la disposición que prevea el marco penal mas grave. Dicha pena no podrá ser inferior a la pena mínima prevista por los marcos penales de las otras disposiciones lesionadas”.
El artículo 2º apunta que “la pena será aumentada racionalmente, pudiendo alcanzar la mitad del límite legal máximo indicado en el inciso anterior. El aumento no excederá el límite previsto en los artículos 38 y 52”.
Esta disposición legal se podría aplicar en el caso de Roa, en donde la pena más elevada, que es de hasta diez años de cárcel, es por administración en provecho propio. Considerando el concurso de otros hechos punibles, se puede agregar la mitad de 10 que es de 5 años, lo que sumados totaliza 15 años de prisión.
LA ACUSACIÓN
En el periodo de tiempo comprendido entre enero del 2018 a diciembre del año 2021, Joaquín Roa Burgos, mientras que se desempeñaba como ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), recibió beneficios económicos indebidos de parte del empresario Alberto Koube Ayala, con quien posteriormente entabló una sociedad ilícita. A cambio de estos beneficios recibidos, el acusado Joaquín Roa Burgos adjudicó por lo menos once licitaciones a las empresas de Alberto Koube Ayala y a otros esquemas empresariales vinculados al mismo, y en ese orden ordenó pagos por un valor aproximado de G. 16.080.000.000 provenientes del fondo de emergencia, según la acusación que presentó Corbeta.
Se acreditó con la certeza requerida que el citado funcionario público, quien se desempeñó desde agosto del 2.013 hasta febrero del 2.022 como ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, recibió en agosto del 2018 de su asociado Alberto Koube Ayala, representante legal y propietario del Grupo Tapyracuai S.A., una embarcación de la marca Azimut AZ 42, importada por la empresa que era la representante oficial en Paraguay de la referida marca de yate, cuyo valor en el mercado asciende a USD 450.000 (dólares americanos cuatrocientos cincuenta mil) a cambio de adjudicaciones de licitaciones a través de los fondos de emergencia, de las cuales se han descubierto que pertenecían principalmente a los rubros de “alquiler de camiones y de provisión de chapas de fibrocemento”, a través de estructuras jurídicas empresariales propias y de terceros. Es decir, recibió una embarcación de Alberto Koube producto de un hecho antijurídico y realizó actos de ocultamiento respecto al objeto, apunta el escrito del fiscal.
Estas adjudicaciones sobre “alquiler de camiones” y “adquisición chapas de fibrocemento” que representan aproximadamente G. 16.080.000.000 de los fondos de emergencia, fueron autorizadas por Joaquín Roa Burgos, ordenador de gastos de la Secretaría de Emergencia Nacional, entre los años 2.018 a 2.021. Estas licitaciones han sido realizadas en incumplimiento de sus legítimos deberes a tal punto que llevó a cabo dichos actos administrativos lesionando sus deberes y atribuciones como ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, los cuales consistieron en la adopción de procesos administrativos direccionados a fin de simular los procesos para terminar adjudicando contratos a su asociado Alberto Koube Ayala, a través de la contratación de empresas del mismo y de otras estructuras jurídicas ajenas, suscribiendo estos contratos para obtener beneficios económicos indebidos inclusive, en contra de sus obligaciones de custodiar el patrimonio institucional, de transparentar su gestión administrativa y dar mayor participación a los proveedores, en un marco de libre competencia.
Para dicho efecto, Joaquín Roa Burgos aprovechándose de su posición institucional al frente de la Secretaría de Emergencia Nacional promovió, direccionó y adjudicó al menos con 11 (once) contrataciones por la vía de emergencia en connivencia con Alberto Koube Ayala, a sus firmas Grupo Tapyracuai S.A. y Distribuidora San Blas, como así también a favor de otras estructuras empresariales vinculadas al mismo, refiere otra parte de la acusación.
