La Sala Penal de la Corte ordenó la reposición del juicio oral y público por un nuevo Tribunal de Sentencias para la medición de la pena a Cinthia Carolina Garay, condenada por lesión de confianza en la causa que investiga un desvío de más de 30.000 millones de guaraníes de la Gobernación de Presidente Hayes.
Los condenados Félix Humberto Argüello Rojas, Mirta Concepción Arce Zárate, Cinthia Carolina Garay Giménez y Raquel Concepción Astirraga de los Ríos, presentaron recursos de casación en contra del Acuerdo y Sentencia Nº 53 de fecha 14 de setiembre de 2021, por el cual son condenados a 3 años y 4 meses de cárcel; 3 años; 4 años de encierro y a 2 años y 6 meses respectivamente.
Tras el análisis de los fundamentos, la sala resolvió declarar inadmisibles los recursos, con excepción de lo planteado por la defensa de Cinthia Carolina Garay, en cuanto a la medición de la pena, “específicamente en el punto 9 del inc. 2° del Art. 65 CP, el Tribunal de Sentencias valoró en contra el hecho de no haber pedido disculpas. La defensa apeló expresando que no se tuvo en cuenta que la procesada solicitó la suspensión condicional del procedimiento y la reparación del daño a lo que el Tribunal de Apelaciones respondió que ello no equivale a un pedido de disculpas.
Teniendo en cuenta este agravio material la Sala Penal resolvió hacer a lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa de Garay y en consecuencia anular parcialmente el Acuerdo y Sentencia Nº 53 de fecha 14 de setiembre de 2021 únicamente respecto a la mencionada y ordenar la reposición del juicio oral y público por un nuevo Tribunal de Sentencias a los efectos de la individualización de la pena a ser impuesta.
En relación a los demás acusados, con la declaración de inadmisibilidad de sus recursos de reposición, la pena aplicada a ellos quedó firme.
La acusación fiscal refiere que unos G. 30.000 millones de la Gobernación de Presidente Hayes a través de 900 cheques expedidos que fueron cobrados del Banco Nacional de Fomento, pero que no cuentan con documentos respaldatorios, hecho en el cual estuvieron involucrados los hoy acusados.
Por estos mismos hechos están siendo juzgado actualmente los exgobernadores Oscar Venancio Núñez y Emigdio “Milo” Benítez Ortiz, durante cuyas administraciones se produjo el daño patrimonial investigado.
